webinar laboral

El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades realizó el webinar: “Abordaje de la Situación Actual de la Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad en el Ámbito Laboral”, con la participación de la Lic. Liliana Pelaia del Porto, de la Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Deficiencia Mental – Fepapdem; el Psicól. Daniel Salas, director de la Fundación de Enseñanza Individualizada para Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad Intelectual; Sr. Xavier Torres, director Ejecutivo de Fenedif; Lcdo. Diego Guayasamín, del grupo KFC; el Psicól. Magno Novillo y el Dr. Marcelo Gallegos, del área de Grupos de Atención Prioritaria del Ministerio de Trabajo.

Los expositores desarrollaron diferentes temáticas en relación a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, sus experiencias de vida y amplia trayectoria en temas de discapacidad y derechos humanos.

Durante su intervención, Liliana Pelaia del Porto mencionó que, muchas veces, la sobreprotección familiar puede constituirse en una violación de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Por ello, las familias deben otorgar autonomía e independencia: “Es necesaria la reforma al Código Civil, pero esta reforma debe estar acompañada de un trabajo que tenga un enfoque de autonomía e independencia”.

Liliana, quien estuvo acompañada de Xavier Mantilla, presidente de Asociación de Autogestores de Personas con Discapacidad Intelectual, añadió que las personas con discapacidad intelectual pueden decidir sobre sus finanzas, pero es importante considerar el acceso a la información en formatos de fácil lectura.

Por su parte, Daniel Salas, director de la Fundación de Enseñanza Individualizada para Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad Intelectual, expresó que, al hablar del ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, es necesario considerar el marco conceptual del modelo de derechos humanos y también aquel basado en apoyos, lo que significa eliminar las barreras existentes. “¿Qué apoyos son necesarios en las personas con discapacidad intelectual?”, preguntó. Al respecto, subrayó la necesidad de garantizar el acceso a la información – en formatos accesibles como la fácil lectura-; y, un modelo de toma de decisiones con apoyos; es decir, establecer un grupo de personas que tengan un vínculo cercano con la persona, que conozcan sus necesidades y forma de comunicarse, para la toma de decisiones.

Xavier Torres, de la Federación Ecuatoriana de Personas con Discapacidad Física -Fenedif, informó sobre el Servicio de Integración Laboral (SIL), que trabaja principalmente en la orientación y promoción laboral, así como en la capacitación, asesoría legal y psicológica, de manera virtual y gratuita a escala nacional.

“El objetivo del SIL es ubicar a las personas con discapacidad en un puesto laboral”. Expresó que existen barreras que enfrentan las personas con discapacidad intelectual y psicosocial; sin embargo, “180 personas con discapacidad intelectual y 29 personas con discapacidad psicosocial -desde el 2019- han sido integradas laboralmente, gracias al SIL”.

Diego Guayasamín, del grupo KFC, se refirió a un estudio sobre los retos en la inserción laboral que realizó la empresa y, con estos resultados, KFC, a través de un programa de acompañamiento, apoya a sus empleados, considerando temas de salud ocupacional, contención psicológica y seguimiento por parte de recursos humanos. “Si como empresa no damos las capacitaciones suficientes, no podremos llamarnos inclusivos. Para KFC no basta con cumplir la cuota del 4%, sino eliminar barreras sociales que generen bienestar”.

Finalmente, Magno Novillo, de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios del Ministerio de Trabajo, comentó sobre los procesos de certificación de sustitutos de personas con discapacidad e informó las estadísticas de los trabajadores con discapacidad en el país. “Existen, bajo relación de dependencia, entre sector publico y privado, 62.298 personas con discapacidad activas laboralmente; además, 70.301 personas con discapacidad están afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los cuales 8.003 tienen afiliación voluntaria”.