El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades ejecuta la transversalización de la política pública mediante la utilización de diferentes estrategias comunicacionales y campañas públicas, que utilizan todos los medios y formas de comunicación existentes y disponibles, sean de carácter público o privado; con el fin de posicionar en la conciencia social los deberes y derechos de los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República; con el fin de lograr comportamientos comunitarios armónicos, inclusivos, igualitarios para todas las diversidades sociales, incluyendo las temáticas de discapacidad, género, intergeneracionales, interculturales, étnicas y de movilidad humana, cuyo fin último es la equidad y la paz social.

Se pone énfasis en las estructuras públicas y privadas que tienden a reproducir condiciones de discriminación y desigualdad restringiendo la participación de la sociedad civil y la gestión intersectorial necesaria para mejorar la articulación de los distintos niveles de gobierno; así como la atención de demandas ciudadanas, mediante la coordinación entre los grupos organizados de personas con discapacidad de la comunidad con los niveles descentralizados de la administración pública, como los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus estructuras locales, que incluyen los Consejos Cantonales de Protección de Derechos y las Juntas Cantonales; así como, los niveles desconcentrados del Gobierno Central.

El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades actúa en lo local, mediante veinte y tres (23) Oficinas Técnicas Provinciales, con un analista técnico en cada provincia; que refleja la presencia territorial aprobada en el instrumento denominado APIT del CONADIS (Análisis de Presencia Territorial del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades).

Se promueve, además, la participación de los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, así como de sus familias y personas cuidadoras, en eventos de sensibilización y capacitación, que permiten conocer sus derechos y medidas de acción afirmativa previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades; así como sus demandas y necesidades que son canalizadas a través de las estructuras existentes en cada territorio (instituciones públicas y privadas de carácter local).